Tucumán vuelve a juzgar el robo de bebés durante la última dictadura

La Justicia Federal de Tucumán dará inicio a un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad vinculados al secuestro y la apropiación ilegal de menores durante la última dictadura militar. Se trata de la segunda vez que la provincia aborda en un debate oral este tipo de crímenes, considerados entre las prácticas más graves del terrorismo de Estado.

Los hechos investigados se remontan a fines de 1976, cuando una familia fue secuestrada por fuerzas represivas. Dos hermanos, uno de ocho años y otro de apenas seis meses de vida, fueron privados de su libertad junto a sus padres, quienes posteriormente fueron asesinados en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Tras años de investigación, la causa llegó a juicio con un único acusado: un ex capitán del Ejército que se desempeñó en el área de inteligencia del Destacamento 142, con asiento en Tucumán. La acusación apunta a determinar su participación dentro del aparato represivo desplegado en la provincia durante el Operativo Independencia y los años posteriores del régimen militar.

El proceso judicial buscará esclarecer las circunstancias que rodearon el secuestro de los menores y la apropiación de uno de ellos, una metodología utilizada sistemáticamente por la dictadura para separar a niños de sus familias biológicas, alterar sus identidades y ocultar el destino de sus padres.

Uno de los casos centrales del juicio es el de Marcos Eduardo Ramos, quien fue apropiado cuando era un bebé tras ser secuestrado junto a su madre y su hermano. Con el paso de los años, logró reconstruir su historia y descubrir que era hijo del pastor Dante Campos, una revelación que permitió avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.

Durante el debate se intentará reconstruir cómo se produjo el secuestro, quiénes participaron en la apropiación y cuáles fueron las consecuencias personales, familiares y jurídicas que sufrió la víctima al crecer bajo una identidad falsa.

Desde organismos de derechos humanos remarcaron la trascendencia de este juicio, al considerar que permite continuar el camino de memoria, verdad y justicia iniciado hace décadas. También señalaron la necesidad de acelerar este tipo de procesos frente al avance del tiempo y al riesgo de que muchos responsables fallezcan sin recibir una condena, fenómeno conocido como “impunidad biológica”.

Más allá de las responsabilidades individuales que se determinen en el juicio, el proceso busca aportar elementos para reconstruir una parte de la verdad histórica sobre los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura y reafirmar el compromiso de la sociedad con la defensa de los derechos humanos.

El nuevo debate se suma a la larga serie de juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Tucumán, una de las provincias donde el accionar represivo tuvo especial intensidad y dejó profundas heridas que aún continúan siendo investigadas por la Justicia.