Santoro propone un plan para refinanciar deudas familiares con tasas más bajas
Leandro Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar, con créditos de hasta 35% TNA y plazos de 24 meses, dirigido a hogares con ingresos de hasta 10 salarios mínimos y deudas que superen el 30% de sus ingresos.
En medio del crecimiento del endeudamiento de los hogares y las dificultades para afrontar pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales, el legislador Leandro Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza por Buenos Aires, propone ofrecer mecanismos de refinanciación para que familias con problemas económicos puedan reorganizar sus deudas mediante créditos con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extensos. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reducir la presión financiera sobre los hogares, evitar la mora prolongada y permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y previsibilidad económica.
El proyecto establece que el Banco Ciudad y las entidades financieras privadas que adhieran podrán otorgar créditos destinados específicamente a cancelar y refinanciar deudas preexistentes. Estos préstamos tendrían una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, condiciones más favorables que las disponibles actualmente en gran parte del mercado. La idea es que los beneficiarios reemplacen pasivos de alto costo, como saldos de tarjetas de crédito o préstamos personales, por financiamiento más accesible.
¿Quiénes podrán acceder?
El proyecto está dirigido a grupos familiares cuyos ingresos no superen el equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, las deudas financieras deberán representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar. La iniciativa también apunta a personas con atrasos de entre 60 y 180 días en sus obligaciones, un segmento vulnerable que corre riesgo de quedar excluido del sistema financiero formal o enfrentar embargos. Quedarán excluidos quienes tengan patrimonio suficiente para cancelar sus deudas sin el programa.
Para fomentar la adhesión de entidades privadas, el proyecto prevé una reducción del 50% en el impuesto sobre Ingresos Brutos aplicado a los intereses generados por los créditos del programa.