La violencia institucional se profundiza en Catamarca y el gobernador Raúl Jalil no brinda respuestas para frenar la problemática en las cárceles. El informe anual 2025 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) alertó por represalias ante reclamos, medicación forzada y uso indiscriminado de armas menos letales.
El territorio catamarqueño no cuenta con un control local: registra 511 personas en contexto de encierro, sin precisar establecimientos. Según el CNPT, los espacios de encierro se caracterizan por tener canales formales poco claros para que la población penal presente solicitudes o acceda a sus derechos. Cuando alguien insiste con una demanda, el mecanismo utilizado por las fuerzas de seguridad suele ser la represión, en el marco de un patrón de prácticas "sistemáticas e institucionalizadas".
El informe menciona explícitamente casos en la provincia del norte: “Se relató la producción de golpizas más intensivas dentro de un sector del establecimiento, conocido como ‘la torre’”, detalla el informe. Los testimonios recolectados describen que las víctimas fueron suspendidas de sus extremidades superiores a un poste o escalera, o sometidas a la posición denominada 'barquito', permaneciendo en esas condiciones por varias horas.
El CNPT también detectó situaciones de medicalización forzada, aunque de manera más excepcional que en otras provincias. El informe describe esta modalidad como la aplicación de sujeciones mecánicas o químicas sin criterio médico, en combinación con agresiones físicas: personas inmovilizadas en camas o camillas a quienes se les inyecta o se las obliga a tomar medicación que provoca somnolencia. La práctica fue identificada principalmente en Córdoba, pero el informe la registra también en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca y Misiones.
Cárceles en Catamarca: uso indebido de armas y aumento de la tasa de mortalidad
Catamarca figura también entre las jurisdicciones donde el CNPT relevó el uso indebido de armas menos letales ante conflictos o protestas colectivas. El informe describe el ingreso de grupos de requisa a los pabellones realizando disparos de balas de goma y arrojando aerosoles químicos irritantes “de modo indiscriminado sobre el conjunto de la población, estén o no las personas involucradas en las agresiones que se buscarían neutralizar”. La provincia aparece en esa lista junto a Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Río Negro, La Rioja, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tucumán y el Servicio Penitenciario Federal.
En tanto, el informe también releva las muertes ocurridas dentro del sistema penitenciario. En Catamarca se registró una muerte en 2022 (tasa 1,9 cada mil personas privadas de libertad), una en 2023 (tasa 2,0) y dos en 2024 (tasa 3,7). En dos años, la tasa de mortalidad bajo custodia en la provincia casi se duplicó.
A nivel nacional, entre 2022 y 2024 las muertes bajo custodia aumentaron un 15,3%, en línea con el crecimiento de la población encarcelada. El CNPT advierte que la tasa de mortalidad en personas de menos de 40 años duplica la de la población general de esa franja etaria.
