Pidieron elevar a juicio a la banda que extorsionó al soldado que se suicidó en Olivos

La Justicia Federal solicitó elevar a juicio oral la causa contra los siete integrantes de una banda acusada de extorsionar e instigar al suicidio al soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en diciembre del año pasado mientras custodiaba la Quinta de Olivos.

El fiscal federal Federico Iuspa presentó el requerimiento ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En el escrito, pidió que los imputados sean juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a captar víctimas en plataformas de citas para luego exigirles dinero bajo amenazas de denuncias penales falsas. Además, solicitó que los presuntos líderes respondan también por instigación al suicidio de Gómez, de 21 años, miembro del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Cómo operaba la banda

Según la investigación, la organización estaba encabezada por dos detenidos alojados en la Unidad 36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. Junto a ellos actuaban otro preso y cuatro mujeres que cumplían tareas logísticas desde el exterior, facilitando cuentas bancarias, billeteras virtuales y líneas telefónicas.

La causa se inició el 16 de diciembre del año pasado, tras hallar muerto a Gómez en una garita de la residencia presidencial. Antes de suicidarse con su arma reglamentaria, dejó una carta explicando su situación.

A partir de esa evidencia, la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal reconstruyeron el mecanismo: los integrantes creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas como Evermatch y luego trasladaban las conversaciones a WhatsApp. Una vez establecido el contacto, aparecía una supuesta madre que aseguraba que la joven era menor de edad y amenazaba con una denuncia penal. Luego intervenía un falso policía que exigía transferencias para evitar la causa.

Los investigadores determinaron que Gómez fue una de las víctimas: el 15 de diciembre de 2025 transfirió $1.413.000 a cuentas vinculadas con la organización. También se identificaron otros dos episodios: un hombre entregó $15.000 tras recibir amenazas, y una tercera víctima transfirió $116.000 en distintos pagos.

Detenciones y elevación a juicio

Los siete sospechosos fueron detenidos en febrero durante allanamientos en unidades penitenciarias y domicilios del conurbano bonaerense. Desde entonces permanecen procesados con prisión preventiva.

En el pedido de elevación a juicio, Iuspa sostuvo que las pruebas muestran que los acusados actuaban bajo un plan común y organizado, con una metodología destinada a obtener dinero mediante extorsiones. Se destacó que parte de las maniobras se realizaban desde una cárcel y que los delincuentes llegaron a usar la identidad de un policía real para concretar los engaños.

Para la fiscalía, estos elementos, sumados a la existencia de múltiples damnificados y al desenlace fatal de una de las víctimas, evidencian el grado de organización y peligrosidad de la banda.