Ocho procesados por una red tucumana que habría abastecido de armas al mercado ilegal chileno

La causa por el tráfico de armas que involucra a una armería tucumana sumó nuevos detalles sobre el circuito que habría permitido sacar armamento del mercado legal para abastecer una estructura clandestina con destino final en Chile.

El Juzgado Federal N° 2 de San Miguel de Tucumán ya dictó el procesamiento sin prisión preventiva de ocho personas, pero el punto central de la investigación apunta ahora a reconstruir cómo se desviaban las armas y quiénes eran los destinatarios finales.

La pesquisa comenzó el 19 de diciembre de 2023, cuando Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus de larga distancia en La Invernada. En el operativo fueron detenidos dos ciudadanos chilenos que llevaban ocultas ocho pistolas calibre 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y divisas extranjeras.

A partir del análisis de teléfonos celulares y del cruce de datos con la Agencia Nacional de Materiales Controlados, los investigadores determinaron que las armas habían sido compradas formalmente en Tucumán pocos días antes del secuestro.

Según la hipótesis judicial, la organización captaba personas habilitadas legalmente ante la Anmac para que prestaran su identidad y registraran las armas a su nombre. Una vez completado el trámite, el armamento era desviado de inmediato hacia el circuito clandestino.

En ese esquema, tres empleados de una armería de San Miguel de Tucumán habrían cumplido un rol clave. La Justicia sospecha que, por sus conocimientos técnicos y acceso a documentación, facilitaban transferencias irregulares e incluso insertaban firmas apócrifas.

Uno de los datos más llamativos es que una de las armas secuestradas figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020.

Las escuchas telefónicas y los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa también revelaron presuntas coordinaciones fuera del local comercial, pagos en moneda extranjera y conversaciones vinculadas a “rescatar fierros”.

De acuerdo con la investigación, dos intermediarios logísticos, padre e hijo, eran los encargados de recibir las armas del proveedor y pactar las entregas a los transportistas extranjeros en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Tucumán.

El destino final del armamento, según la causa, era Chile. La conexión aparece vinculada con una investigación que se tramita en la Justicia Federal de Mendoza, donde se pidió la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico transnacional de armas y municiones hacia territorio chileno, principalmente a través del paso Cristo Redentor.

En Tucumán, los allanamientos realizados en la capital y en Los Ralos permitieron secuestrar más de veinte armas de fuego, entre revólveres, rifles, carabinas y escopetas, además de accesorios, credenciales y dinero en efectivo.

El juez José Manuel Díaz Vélez procesó a los ocho imputados por entrega de armas de fuego a personas que no acreditaban la condición de legítimo usuario. Además, dispuso embargos de entre $8 millones y $12 millones, prohibición de salida del país y presentaciones semanales ante el tribunal.

La causa todavía tiene medidas pendientes. Entre ellas, peritajes sobre teléfonos celulares y análisis técnicos para determinar si el parque de armas secuestrado permite avanzar con una calificación más grave.