Las fuertes objeciones técnicas y políticas que despertó la ley impulsada por el legislador Mario Leito obligaron al oficialismo a presentar una nueva versión de la iniciativa que busca desafectar terrenos públicos en San Pablo y El Manantial, una medida que había sido denunciada por la oposición como un potencial beneficio multimillonario para la empresa Citrusvil S.A. del Grupo Lucci.
La norma original había sido aprobada por la Legislatura, aunque todavía no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, informes técnicos elaborados por organismos provinciales y las advertencias formuladas desde el Ministerio del Interior derivaron en la necesidad de corregir el texto antes de que pueda entrar en vigencia.
La controversia estalló durante la sesión del 28 de mayo, cuando el oficialismo defendió el proyecto argumentando que permitiría brindar seguridad jurídica a unas 80 familias asentadas en la zona. Leito sostuvo entonces que la iniciativa buscaba resolver conflictos históricos de ocupación y facilitar procesos de urbanización y regularización dominial.
Pero desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. El legislador Manuel Courel advirtió que la desafectación de caminos públicos podría afectar seriamente la planificación urbana metropolitana, impidiendo futuras conexiones viales estratégicas entre distintas localidades del área metropolitana.
Aún más duro fue el legislador Alfredo Toscano, quien durante el debate sugirió que detrás de la iniciativa existía una fuerte presión de intereses privados. Según planteó, un actor empresarial venía utilizando tierras públicas desde hacía años y condicionaba la permanencia de familias asentadas en la zona a la aprobación de la ley.
Frente a ese escenario, Leito presentó ahora proyectos modificatorios que incorporan cambios sustanciales. El nuevo texto establece expresamente que los inmuebles involucrados sólo podrán destinarse a acciones de interés público vinculadas a la regularización dominial, erradicación, construcción o consolidación de asentamientos y barrios de emergencia, eliminando cualquier interpretación que pudiera habilitar otros desarrollos inmobiliarios o comerciales.
Además, la reforma incorpora una cláusula clave dirigida específicamente a Citrusvil. La nueva redacción establece que la vigencia efectiva de la norma quedará condicionada al desistimiento expreso, irrevocable e incondicional por parte de la empresa de cualquier acción judicial o reclamo presente o futuro sobre los terrenos involucrados.
La compañía también deberá acreditar formalmente el archivo definitivo de los procesos judiciales vinculados a esos inmuebles, sin efectuar reservas de derechos que puedan derivar en futuras reclamaciones.
Las observaciones técnicas que motivaron la corrección fueron realizadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas. En los dictámenes elaborados sobre los casos de San Pablo y El Manantial, el organismo advirtió que la descripción de los inmuebles contenida en el proyecto original presentaba errores significativos.
Según los informes, la iniciativa pretendía desafectar parcelas catastrales cuando en realidad se trataba de caminos en desuso, una diferencia jurídica y técnica relevante debido al carácter especial de los bienes públicos. Los dictámenes remarcaron que este tipo de normas requiere un tratamiento extremadamente preciso, ya que los bienes del dominio público poseen características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
Pese a esas observaciones, el organismo recomendó avanzar con las gestiones necesarias para regularizar la situación habitacional de las familias involucradas, señalando que existían negociaciones paralelas con Citrusvil destinadas a compensar la pérdida de utilidad pública de los caminos mediante la cesión de otros inmuebles.
En ese marco, la presidenta de la firma, Agustina María Lucci, presentó documentación formal comprometiendo a la empresa a transferir gratuitamente terrenos a favor de la Provincia de Tucumán para facilitar procesos de integración urbana y ordenamiento territorial.
De acuerdo con ese compromiso, las cesiones deberán concretarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación definitiva de los nuevos planos de mensura.
La presentación de estos cambios representa un reconocimiento implícito de las falencias detectadas en el proyecto original y constituye un intento del oficialismo por desactivar una de las mayores polémicas urbanísticas registradas en la Legislatura durante este año. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de los caminos públicos, la planificación metropolitana y el alcance de los beneficios que podrían recibir los desarrolladores privados continúa abierta.
