La Corte Suprema dejó firme la condena a 9 años de prisión para el conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena a nueve años de prisión contra Pablo Torres Lacal, el conductor de la lancha Shark II que el 31 de marzo de 2016 chocó a gran velocidad y sin luces contra la embarcación en la que viajaban Manuel Storani, de 14 años, y su madre, Ángeles, que murieron junto con uno de los acompañantes del acusado.

Con esta decisión, la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro en 2023 quedó firme y se dispondrá la detención del condenado.

En la madrugada del 31 de marzo de 2016, Manuel Storani, hijo del político radical Federico Storani, viajaba junto a su madre y otras cuatro personas a bordo de la lancha Mad II por el Delta de Tigre. De imprevisto, apareció la Shark II, timoneada por Torres Lacal. El choque fue frontal y a alta velocidad, sin que los tripulantes tuvieran tiempo de reacción.

La defensa sostuvo durante todo el proceso que se trató de un accidente inevitable. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro lo condenó por homicidio simple a nueve años de prisión a fines de 2023.

La Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó el fallo y, en octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó los planteos de la defensa, lo que motivó una última apelación ante la Corte Suprema.

Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no hicieron lugar a la revisión de la sentencia ni de la pena.

El juicio oral se desarrolló más de siete años y medio después de la tragedia. Durante las audiencias, Federico Storani, padre de Manuel y referente de la UCR, y compañeros de colegio de la víctima reclamaron justicia con carteles que decían “Justicia por Manu”. La resolución de la Corte Suprema pone fin al recorrido judicial en todas las instancias y convierte la condena en definitiva.

Con el fallo firme, corresponde ahora la ejecución de la pena privativa de la libertad. El proceso judicial, que se extendió por más de 10 años agotó todas las vías de apelación sin que prosperaran los argumentos de la defensa sobre la inevitabilidad del accidente.