Fragilidad de hogares: cierre de empresas, menos empleo y salarios y récord de morosidad

La pax cambiaria-financiera que promueve el gobierno de Milei no derrama y la economía real sigue mostrando tensiones en distintos indicadores sociales y productivos desde hace meses. El supuesto crecimiento agregado sin mejora extendida sobre las condiciones económicas de los hogares. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) alcanzó en marzo último los 5,3 puntos, el tercer peor registro desde que asumió el gobierno libertario, y completó once meses consecutivos de aumento. La medición se ubica dentro del estadio denominado “Fragilidad Familiar”, una categoría que el propio índice define como un escenario donde los hogares ya no cuentan con excedentes suficientes para absorber contingencias económicas sin afectar consumo, endeudamiento o capacidad de cumplimiento financiero.

El aumento de la fragilidad social fue de 0,2 puntos respecto de febrero y de 1,4 puntos frente al mismo mes del año anterior. El documento sostiene que el resultado estuvo impulsado principalmente por el aumento mensual de la inflación, seguido por el crecimiento de la morosidad y el retroceso de la estructura productiva y del empleo formal. El trabajo plantea que el dato de marzo “consolida una etapa de fragilidad persistente en las condiciones de los hogares, que se inicia tras las elecciones legislativas del 2025”. El IVFC fue diseñado como un indicador sintético para medir bienestar económico familiar a partir de cinco dimensiones: IPC Federal, ingresos reales, empleo asalariado formal privado, dinámica de empresas empleadoras registradas y morosidad de las familias. Cada variable tiene igual ponderación dentro del índice.

La metodología establece una escala del uno al diez. Los valores más bajos representan una situación económica familiar robusta, mientras que el aumento del puntaje expresa mayores niveles de vulnerabilidad. “El indicador refleja la persistencia de tensiones estructurales, producto de una combinación de factores adversos que incluyen una inflación que continúa presionando sobre el costo de vida, la destrucción sostenida de empleo asalariado formal privado, la reducción del poder adquisitivo de los ingresos y un aumento significativo de la morosidad de las familias”, advierte el documento.

Todas las variables familiares en rojo

Uno de los argumentos centrales del informe que realiza el Congreso es que el crecimiento económico registrado durante 2025 no se tradujo en mejoras equivalentes sobre el mercado laboral ni sobre los ingresos. El documento recuerda que, luego de la contracción del producto en 2024, la economía creció 4,4 por ciento interanual en 2025, pero sostiene que el impulso estuvo concentrado en actividades con baja demanda de empleo. “El 2025 resultó el primer año en las últimas tres décadas en que la economía creció, pero dicho crecimiento no se reflejó en la creación de nuevos puestos de trabajo formales”, señala el documento.

El informe atribuye ese comportamiento a una recuperación liderada por sectores como minería, agricultura e intermediación financiera, actividades que presentan una capacidad más limitada de absorción de mano de obra respecto de otras ramas industriales o de servicios intensivos en empleo. El documento diagnostica que la evolución del producto dejó de ser suficiente para describir el impacto social del esquema económico y plantea la necesidad de incorporar indicadores vinculados con producción, trabajo e ingresos.

Otra de las variables relevadas, siendo una de las que más incidencia tuvo sobre el resultado, fue el deterioro del empleo asalariado formal privado. De acuerdo con el informe, en marzo se destruyeron 7.603 puestos registrados. La comparación interanual muestra una reducción de 98.856 empleos privados formales respecto de marzo de 2025. El dato acumulado desde noviembre de 2023 eleva la pérdida a 216.643 puestos.

El trabajo destaca que solo en 9 de los 29 meses transcurridos desde el inicio de la actual gestión se registró creación neta de empleo privado formal. La dinámica laboral aparece en el informe como uno de los factores que explican el aumento sostenido del índice porque impacta de manera directa sobre ingresos corrientes, capacidad de consumo y cumplimiento financiero. Este dato se complementa con la destrucción del entramado empresarial. De acuerdo con datos oficiales, durante marzo cerraron 2.011 unidades productivas respecto del mes anterior y la pérdida desde noviembre de 2023 acumula un saldo de 26.448 empresas empleadoras desaparecidas.

El documento señala que en febrero se había interrumpido una secuencia de 23 meses consecutivos de cierre de unidades productivas, aunque esa tendencia volvió a aparecer en marzo. Según el trabajo, el total de unidades productivas activas quedó en 485,9 mil y alcanzó niveles comparables con los observados a la salida de la pandemia.

Salarios en baja y deudas en alza

El índice también incorpora la evolución del salario real registrado desde que asumió el gobierno de Milei. Los datos relevados indican que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el poder adquisitivo de los salarios registrados cayó 9,2 puntos, mientras que si se compara con un marzo del año pasado, mostró una reducción real de 3,2 puntos porcentuales.

El informe identifica tres etapas. La primera corresponde al impacto inicial de la devaluación de diciembre de 2023; la segunda, a una recuperación asociada a una desaceleración de la nominalidad; y la tercera, iniciada desde agosto de 2025, marcada por una nueva caída del salario real. El documento sostiene que “de la pérdida de poder adquisitivo acumulada entre diciembre 2023 y marzo 2026 (-9,2 p.p.), el 56% se dio en el primer año de gestión”. Además, el informe proyecta continuidad de esa dinámica por la combinación entre acuerdos salariales por debajo de los aumentos de precios y una inflación que mantiene registros mensuales superiores al 2 por ciento.

El informe agrega que, si se utiliza el IPC Federal como referencia para medir inflación, la caída acumulada del salario real asciende a 14,2 puntos porcentuales. En este caso, hace mella la discusión metodológica en la medición de la inflación, a partir de la decisión del Gobierno de no aplicar la actualización de la canasta que se utiliza para la medición de precios, lo que se refleja en la diferencia entre el IPC Federal y el índice oficial del INDEC.

Para marzo, el IPC Federal registró una suba mensual de 3,2 por ciento y una variación interanual de 33,5 por ciento. El informe sostiene que las estructuras de ponderación históricas utilizadas por el organismo oficial podrían no reflejar completamente el cambio en la composición del gasto de los hogares, particularmente por el mayor peso relativo de servicios como vivienda, transporte, comunicaciones y salud. En ese sentido, el trabajo sostiene que “acumulado entre noviembre 2023 y mayo 2026, el IPC federal captó un aumento de precios 24,8 p.p. superior al que reflejó INDEC”.

La última variable que toma en cuenta el cálculo del Congreso es el endeudamiento de los hogares y las dificultades para cumplir con el pago de esos compromisos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, tasas de interés crecientes y utilización del crédito para cubrir gastos corrientes. El informe señala que en marzo último la cartera irregular de crédito de hogares alcanzó el 11,5 por ciento, siendo el nivel más alto desde el inicio de la serie del Banco Central en 2010. Además, el registro se produjo después de dieciséis meses consecutivos de aumentos. En apenas un año, la morosidad se disparó 8,3 puntos porcentuales. Para el trabajo, el crecimiento de la mora expresa un deterioro que ya no se limita al empleo o al ingreso sino que comienza a trasladarse hacia la capacidad efectiva de sostener pagos corrientes y obligaciones financieras.