La desaceleración de la inflación y la recuperación parcial de ingresos de un puñado de sectores le sirvieron al gobierno de Milei para mostrar un supuesto desplome en los indicadores de pobreza. Sin embargo, un trabajo reciente elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata plantea que una parte relevante de esa evolución podría estar asociada a limitaciones técnicas del método de medición utilizado y no exclusivamente a cambios en las condiciones materiales de los hogares.
La conclusión del trabajo modifica el sentido de una de las principales series estadísticas utilizadas para describir la situación social reciente. Según las simulaciones realizadas por los autores del informe, al introducir correcciones sobre esos factores, la reducción de la pobreza entre fines de 2023 y mediados de 2025 podría haber sido de apenas 1,7 puntos porcentuales, una diferencia considerable respecto de la caída superior a los 10 puntos que surge de las estadísticas oficiales.
El documento, titulado Medición de la Pobreza en Contextos de Inflación Cambiante: El Caso de Argentina, fue elaborado por Iván Albina, Leonardo Gasparini y Leopoldo Tornarolli y propone revisar cómo impactan sobre la medición tres fenómenos que suelen permanecer fuera del debate público: el desfasaje temporal entre los ingresos relevados y los precios utilizados para valorizar las canastas de pobreza, los cambios en la subdeclaración de ingresos dentro de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los efectos derivados de contextos de inflación con variaciones bruscas.
El trabajo no cuestiona meramente el cálculo del INDEC como operación estadística, sino que examina si determinadas decisiones metodológicas que suelen tener efectos limitados en contextos de estabilidad de precios comenzaron a generar sesgos más visibles durante el período de aceleración inflacionaria y posterior desaceleración. La medición oficial de la pobreza en Argentina se construye a partir de una comparación entre los ingresos de los hogares y el valor monetario de una canasta básica. Los ingresos se obtienen mediante la EPH, donde cada hogar informa cuánto percibe, mientras que el umbral de pobreza se calcula según el valor de la Canasta Básica Total para cada región.
Los investigadores señalan que esa comparación requiere una condición previa: que ingresos y canastas correspondan al mismo momento temporal. En el informe explican que “una condición básica para esta comparación es la consistencia temporal: el valor de los ingresos y las canastas deben medirse en el mismo período”. Según describen, el INDEC valoriza las canastas utilizando los precios del mes en que se realiza la entrevista, pero el ingreso declarado por los hogares suele corresponder al trabajo realizado o remunerado durante el mes anterior.
En trabajadores asalariados que cobran una vez por mes, el efecto puede resultar menor si el ingreso efectivamente se utiliza durante el mes siguiente. Pero cuando se trata de trabajadores que cobran con mayor frecuencia —cuentapropistas, informales o ingresos semanales— aparece otro problema: los entrevistados reportan ingresos obtenidos y utilizados antes de la entrevista, mientras la comparación se realiza con precios más recientes. En contextos de inflación elevada, esa diferencia temporal puede alterar el resultado final. El informe sostiene que “los ingresos reportados en la EPH corresponden al trabajo realizado en el mes previo a la entrevista (t-1), mientras que las canastas se valorizan en el mes de la entrevista (t)”. Bajo determinadas condiciones, agregan, eso “supondría una subestimación de los ingresos”.
Durante la aceleración inflacionaria de 2023 y comienzos de 2024, el ingreso informado pierde poder adquisitivo más rápido frente a una canasta valorizada con precios más recientes, lo que eleva artificialmente el número de hogares ubicados debajo de la línea de pobreza. Cuando la inflación empieza a bajar ocurre el fenómeno inverso: el sesgo disminuye y la mejora estadística puede aparecer más pronunciada. Los autores modelaron distintos escenarios para medir ese efecto. En uno de ellos concluyen que “la sobreestimación de la pobreza en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, cuando la inflación se aceleró, podría haber alcanzado 3.1 p.p. y 2.2 p.p., respectivamente”. Para finales de 2024 y comienzos de 2025, con una inflación descendente, la diferencia se habría reducido a menos de 0,7 puntos.
El segundo problema que plantea el informe es que la EPH depende de lo que las personas informan durante la entrevista y el estudio compara esos datos con registros administrativos disponibles. El resultado muestra una brecha persistente: los ingresos captados por la encuesta suelen ubicarse por debajo de los efectivamente registrados por el Estado. La novedad del análisis no es detectar ese fenómeno sino mostrar que no permaneció estable.
“Entre 2017 y comienzos de 2024 la tendencia de la serie era hacia un crecimiento en el subreporte, los individuos y hogares reportaban cada vez una menor proporción de sus ingresos reales”, sostienen los investigadores. Luego agregan que “a mediados de 2024 parece romperse esa tendencia y mejora la captura de ingresos en la encuesta, llevando los niveles de subreporte a valores similares a los de 2017”.
Ese movimiento introduce una dificultad adicional para interpretar la evolución reciente de la pobreza. Si una encuesta comienza a registrar una porción mayor de ingresos previamente omitidos, el resultado puede reflejar una mejora estadística incluso cuando los ingresos reales de los hogares no hayan variado en igual magnitud. El informe advierte precisamente sobre ese punto al señalar que “si el subreporte no permanece estable en el tiempo, parte de la evolución observada en la pobreza podría reflejar cambios en la captación de ingresos por parte de la encuesta y no únicamente cambios en las condiciones económicas de los hogares”.
