Una investigación de la Justicia Federal permitió desarticular un presunto esquema de desvío de armas de fuego desde el mercado legal hacia una organización dedicada al contrabando internacional con destino a Chile. La causa tiene como eje a una armería de San Miguel de Tucumán, cuyos empleados habrían desempeñado un papel clave para otorgar apariencia de legalidad a operaciones que, según la acusación, terminaban alimentando circuitos criminales fuera del país.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, procesó sin prisión preventiva a ocho personas acusadas de participar en la maniobra. Entre los imputados figuran tres empleados de una armería tucumana, dos usuarios legítimos que habrían actuado como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios, quienes quedaron procesados por el delito de entrega de armas de fuego a personas que no acreditaban su condición de legítimos usuarios.
Además de los procesamientos, el magistrado dispuso la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse semanalmente ante la justicia y embargos sobre bienes por montos que oscilan entre 8 y 12 millones de pesos.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, encabezada por el fiscal Agustín Chit, junto a la auxiliar fiscal Julia Vitar y la instructora Jimena Ruiz, quienes reconstruyeron una compleja red de adquisición, transferencia y provisión de armamento que operaba desde Tucumán y abastecía a una organización con conexiones en Mendoza, Buenos Aires y Chile.
La causa comenzó el 19 de diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un control preventivo sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de La Invernada. Durante el procedimiento detectaron a dos ciudadanos chilenos que transportaban ocultas entre sus pertenencias ocho pistolas de calibres 9 milímetros, .40 y .45, junto con cargadores, documentación y dinero en moneda extranjera.
Las pericias realizadas posteriormente sobre teléfonos celulares y registros oficiales permitieron establecer que varias de esas armas habían sido adquiridas en Tucumán apenas días antes del operativo.
A partir del análisis de las comunicaciones, los investigadores lograron reconstruir la cadena de contactos y determinar que los transportistas respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires, formando parte de una estructura dedicada al tráfico internacional de armamento.
Según la hipótesis fiscal, la organización captaba a personas habilitadas como usuarios legítimos de armas para que figuraran formalmente como compradores ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Una vez concretados los trámites legales, las armas nunca permanecían en poder de esos adquirentes. Por el contrario, eran entregadas inmediatamente a integrantes de la organización para ser incorporadas al circuito clandestino y posteriormente enviadas hacia Chile.
La investigación determinó que la participación de empleados de la armería resultaba fundamental para concretar las operaciones. Aprovechando su experiencia y acceso a documentación oficial, habrían facilitado transferencias irregulares, incorporado firmas apócrifas y agilizado trámites que permitían "blanquear" la procedencia del armamento.
Uno de los casos detectados por los investigadores resultó particularmente llamativo: una de las armas secuestradas figuraba registrada a nombre de una persona fallecida en 2020, varios años antes de la supuesta transferencia.
Para el juez Díaz Vélez, los empleados involucrados no podían alegar desconocimiento de las irregularidades, debido a que contaban con conocimientos especializados y experiencia suficiente para advertir anomalías en las operaciones.
Mensajes comprometedores
Entre las pruebas reunidas figuran conversaciones de WhatsApp y escuchas telefónicas que permitieron reconstruir la dinámica interna del grupo.
En uno de los intercambios incorporados al expediente, uno de los empleados explicó a un intermediario que el dinero de una operación sería recibido fuera del local comercial por supuestas "políticas de la empresa".
También fueron hallados mensajes dirigidos al presunto proveedor habitual de la organización donde se hacía referencia a la cantidad de armas adquiridas.
En una de esas conversaciones aparece la frase: "Vos has sido testigo de cuánta guita te hemos dejado para comprar esos fierros", mientras que en otros mensajes se mencionaban compras realizadas en dólares para "rescatar fierros", término utilizado para referirse al armamento.
Por pedido de la fiscalía se realizaron allanamientos en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán y Los Ralos.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 20 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas, además de una importante cantidad de municiones y accesorios.
Entre los elementos incautados se encontraban:
- Pistolas y revólveres de distintos calibres.
- Rifles y carabinas con miras telescópicas.
- Escopetas de caza y uso deportivo.
- Cargadores de alta capacidad.
- Supresores de sonido.
- Municiones de distintos calibres.
- Teléfonos celulares.
- Documentación vinculada a transferencias de armas.
- Credenciales de legítimos usuarios.
- Comprobantes bancarios.
- Dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera.
Las imágenes difundidas por Gendarmería muestran largas filas de armas apoyadas sobre mesas, incluyendo rifles de precisión, escopetas y armamento corto que formaba parte del material secuestrado durante la investigación.
La conexión con Mendoza y Chile
La causa tucumana constituye una derivación de una investigación de mayor alcance desarrollada por la Unidad Fiscal Mendoza, donde recientemente se requirió la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas y municiones.
Según esa pesquisa, la estructura obtenía armamento mediante compras legales realizadas por terceros, transferencias simuladas y maniobras destinadas a ocultar el verdadero destino de las armas.
Posteriormente, el material era trasladado clandestinamente hacia Chile, principalmente a través del paso internacional Cristo Redentor, donde era comercializado en el mercado ilegal.
Para los investigadores, Tucumán ocupaba un rol estratégico dentro de la organización, ya que funcionaba como uno de los principales puntos de adquisición y provisión de armamento. La pesquisa permitió avanzar no solo sobre quienes intentaban transportar las armas fuera del país, sino también sobre quienes habrían intervenido en etapas previas de la maniobra, desde la captación de prestanombres hasta la entrega final del material a los contrabandistas.
Mientras continúan los peritajes sobre teléfonos secuestrados y otras medidas de prueba, la Justicia busca determinar el alcance total de la red y establecer si existieron más operaciones similares realizadas a través del mismo circuito.
