Cinco mujeres detenidas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena denunciaron haber sufrido torturas, golpizas y abusos sexuales por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los hechos ocurrieron entre el 3 y el 4 de junio, lo que derivó en una investigación judicial y administrativa.
Los hechos denunciados
Según la denuncia, todo comenzó tras una pelea entre dos internas. Personal penitenciario ingresó al pabellón y lanzó gas pimienta. Luego, varias mujeres fueron encerradas en sus celdas y sometidas a revisiones forzadas. Cuando algunas se negaron a desnudarse frente a agentes varones del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), fueron golpeadas, reducidas y trasladadas a otros sectores.
Dos de las detenidas denunciaron abusos sexuales. Una de ellas aseguró que fue sometida al submarino húmedo y que la jefa de la unidad le dijo: "Besame las botas". También relató agresiones sexuales de varios agentes y que fue obligada a firmar documentación bajo amenazas. Otra mujer declaró que fue llevada a un aula, donde la golpearon, ahorcaron y abusaron sexualmente, permaneciendo horas inmovilizada y expuesta al gas pimienta.
Las otras tres víctimas denunciaron golpes, inmovilizaciones prolongadas, exposición a gas pimienta, amenazas y condiciones degradantes, sin acceso a agua, alimentos ni sanitarios durante horas. Al ser trasladadas, encontraron sus pertenencias destruidas o mezcladas con basura.
Investigación y medidas
La CPM entrevistó a las mujeres en distintas unidades y constató lesiones compatibles con los relatos. Cuestionó la actuación del personal médico, ya que una enfermera registró que una detenida no tenía lesiones visibles, pese a que luego se constataron heridas. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía N°11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, y ampliada con nuevos testimonios.
Fuentes cercanas al caso indicaron que, tras la presentación judicial, se relevó a toda la cúpula del penal, incluida la directora, subdirectores y la jefa del área señalada. También fueron apartados los integrantes del GIE que participaron del operativo. Se inició una investigación interna y se conformó una mesa de diálogo con las internas. El juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe, intervino en el establecimiento.
La CPM cuestionó una resolución del Juzgado de Garantías N°4 de La Plata, a cargo de Juan Pablo Masi, que rechazó su pedido para ser querellante. El organismo consideró que la decisión obstaculiza su función como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y anunció que apelará.
