Denuncian a jueces del TOF de Tucumán por presunta destrucción de pruebas judiciales

La controversia por el vaciamiento del subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán escaló a un nivel inédito. El secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla presentó una denuncia penal en la que apuntó contra los jueces subrogantes del tribunal y advirtió que durante un operativo de limpieza se habrían retirado y destruido elementos secuestrados de causas judiciales en trámite.

La presentación fue realizada el 12 de junio ante el fiscal federal Agustín Chit y luego quedó en manos del fiscal Rafael Vehils Ruiz. Según el funcionario judicial, durante el procedimiento ordenado en mayo se removieron pruebas, armas, documentación y bienes vinculados a expedientes que todavía no estaban concluidos, sin respetar los mecanismos legales de resguardo.

El episodio comenzó a principios de mayo, cuando la jueza subrogante Cristina Giordano llegó desde Córdoba para integrarse al Tribunal Oral Federal. De acuerdo con la denuncia, el 11 de mayo los jueces Ana Carina Farías, Federico Bothamley y Giordano convocaron a Del Sueldo Padilla para preguntarle por qué había impedido que personal de Gendarmería retirara elementos secuestrados del edificio.

El secretario respondió que se había opuesto porque consideraba que la medida era contraria a la ley. A partir de allí, según su relato, comenzó el retiro masivo de objetos almacenados desde hacía décadas en los subsuelos del inmueble ubicado en Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

Del Sueldo Padilla sostuvo que desde hace 33 años tiene a su cargo la custodia de los secuestros judiciales que ingresan al tribunal. Explicó que cada elemento era recibido, rotulado, inventariado y preservado para que llegara a juicio en las mismas condiciones en las que había sido incorporado a la causa.

Durante una recorrida por el subsuelo, aseguró haber advertido a Giordano que allí había secuestros pertenecientes a causas en trámite, expedientes con sentencias no firmes y procesos que no podían darse por finalizados por la existencia de imputados prófugos o rebeldes.

Según la denuncia, la magistrada minimizó esas advertencias y le pidió las llaves de los sectores de guardado. El funcionario afirmó que entregó todas, salvo la correspondiente a un espacio donde se conserva documentación de la causa vinculada al exrector de la UNT Juan Alberto Cerisola.

Ese mismo día llegaron camiones de Gendarmería Nacional al edificio. Empleados judiciales habrían recibido instrucciones para separar elementos de distintas causas. En principio, la orden habría alcanzado expedientes anteriores a marzo de 2020, pero luego se habría extendido a la totalidad del material almacenado en el subsuelo.

La causa Ale y otros elementos sensibles

Uno de los puntos más delicados de la denuncia involucra a la causa Ale. Del Sueldo Padilla aseguró que empleados del tribunal le advirtieron que entre el material retirado había pruebas correspondientes a ese expediente, que todavía no estaría definitivamente concluido por una resolución de reenvío dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Según el secretario, solo pudieron rescatarse algunas pocas cajas de ese secuestro, que era de gran volumen.

La denuncia también relata hechos ocurridos durante la madrugada del 12 de mayo. Del Sueldo Padilla afirmó que recibió un llamado del prosecretario Adolfo García, quien se encontraba en el edificio junto a personal de Gendarmería y la jueza Giordano. Según su declaración, García estaba alarmado por la forma en que se levantaban elementos del subsuelo.

En ese contexto, habrían aparecido armas, municiones y granadas. El prosecretario le habría informado que encontró dos explosivos aparentemente con espoleta colocada y que, al consultar qué debía hacerse, la respuesta atribuida a la magistrada habría sido que los tiraran. Finalmente se convocó a Bomberos, que retiró los explosivos. Del Sueldo Padilla sostuvo que ese procedimiento se habría realizado sin actas ni registros formales.

Entre los elementos que, según la denuncia, se encontraban en el subsuelo había armas de fuego, dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, computadoras, estupefacientes, precursores químicos y documentación vinculada a múltiples procesos federales.

Expedientes, camiones y sospechas

Otro punto señalado por el secretario es la presunta destrucción de registros internos. Del Sueldo Padilla aseguró que había ordenado formar un expediente administrativo para documentar lo ocurrido, pero que la jueza habría tomado la carátula del sumario y la rompió.

La denuncia también menciona que tanto él como el prosecretario García intentaron advertir a los otros jueces subrogantes, Farías y Bothamley, sobre la situación. Incluso se afirma que García viajó a Santiago del Estero para reunirse con ambos magistrados y plantearles que se estaría desarrollando una actividad irregular.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal comenzó a pedir información. Según la presentación, el fiscal general Pablo Camuña requirió datos sobre qué resolución había ordenado la destrucción, qué normas se habían aplicado, quién estaba a cargo del procedimiento y qué inventario existía sobre los elementos retirados. Esos pedidos, de acuerdo con la denuncia, no habrían sido respondidos.

La presentación incorpora además una acusación grave: Del Sueldo Padilla afirmó que, según le relató García, personal que viajaba en los camiones utilizados para trasladar los elementos habría abierto bolsas durante el recorrido y retirado objetos de su interior, entre ellos dinero y armas. Esa versión deberá ser investigada por la fiscalía.

Un conflicto institucional sin precedentes

El conflicto se agravó semanas después, cuando Giordano habría solicitado nuevamente las llaves de la bóveda donde permanecían algunos secuestros que habían logrado preservarse. Del Sueldo Padilla sostuvo que ese episodio fue el detonante final de la denuncia penal.

El funcionario consideró que los hechos podrían configurar, al menos, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público.

La gravedad del caso supera una discusión administrativa sobre una limpieza edilicia. La denuncia coloca bajo investigación decisiones adoptadas por jueces subrogantes de un tribunal federal, expone una posible afectación de pruebas judiciales y revela una fuerte fractura interna entre magistrados, funcionarios y fiscales.

Ahora, la fiscalía deberá determinar si parte de los elementos retirados durante aquellos días de mayo pertenecían efectivamente a causas que aún no estaban concluidas y cuál fue el destino final del material.