Una decena de organizaciones sociales presentaron un informe conjunto que derriba puntos centrales del Súper RIGI que se discute en el Congreso. Ongs como Amnistía Internacional, Greenpeace y el Cels cuestionaron la delegación inconstitucional al Ejecutivo para definir qué actividades quedan comprendidas, la renuncia a la jurisdicción argentina en favor del arbitraje internacional, la decena de exenciones impositivas a la importación y a la exportación, la baja de la alícuota del 15% al impuesto a las ganancias y los 30 años de estabilidad fiscal sin contraprestaciones vinculante en materia de empleo, encadenamiento productivo o inversión en I+D.
Enmarcan el proyecto en la presencia del tecno magnate Peter Thiel y el posicionamiento internacional sobre la inteligencia artificial que Javier Milei planteó en base a tres pilares: IA sin regular, la nueva categoría corporativa no humana, y un régimen fiscal competitivo.
“A diferencia de marcos regulatorios internacionales, el proyecto deja en manos del Poder Ejecutivo la potestad discrecional de definir mediante reglamentación qué es una ‘nueva actividad económica’”, advierten las organizaciones y recuerdan que el propio Secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González reconoció ante las comisiones que no sabía qué significa “una nueva industria”. “Qué es una nueva industria no lo sé, lo que no queremos es limitarlo", expresó.
El estudio concluye que los análisis técnicos locales e internacionales destacan que no existen precedentes en el mundo de regímenes que otorguen 30 años de estabilidad irrevocable a sectores “de alto dinamismo tecnológico y obsolescencia rápida” que se buscan incentivar con este proyecto. El Súper RIGI reduce Ganancias al 15%, elimina retenciones desde el día uno y recorta contribuciones patronales al 10%.
Las organizaciones leen que este proyecto actúa en tándem con la reforma a la Ley de Sociedades que impulsa crear la figura de sociedades operadas por IA con personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Advierten que ambos textos promueven una "Impunidad Artificial", donde “los daños civiles, ambientales o de privacidad provocados por algoritmos autónomos quedarían diluidos ante la estabilidad normativa del régimen y la renuncia a la jurisdicción judicial argentina que promueve el súper RIGI”.
También remarcan la contradicción entre un proyecto que busca atraer infraestructura tecnológica al mismo tiempo que el Gobierno Nacional reduce el presupuesto para Ciencia y Tecnología.
El documento lo firman también la Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, el Centro de Estudios Derecho Al Futuro (CEDAF), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Géneras Asociación Civil, Iciudad, The Common Initiative Argentina y el Transnational Institute - Argentina.
Ante el reclamo de aliados, el oficialismo accedió a algunas modificaciones que les permitieron obtener dictamen. Se estableció que las inversiones en investigación y desarrollo se computarán al doble de su valor. Se incorpora un “Plan de Desarrollo de Proveedores Locales” de por lo menos el 20% “destinado al pago de proveedores correspondiente al proyectos siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.
