Crisis en la Justicia Federal: se perdió la evidencia y cayó el juicio por narcotráfico contra un policía

La desaparición de pruebas judiciales durante un operativo de limpieza en el subsuelo del Tribunal Oral Federal de Tucumán provocó la caída de un juicio oral y público y abrió una crisis institucional sin precedentes en la Justicia Federal de la provincia. La situación quedó expuesta cuando el fiscal general subrogante, Pablo Camuña, desistió de sostener la acusación contra un policía imputado, al advertir que el material secuestrado que constituía una prueba central del expediente había desaparecido.

El proceso tenía su origen en un hecho ocurrido el 20 de septiembre de 2015. En aquella oportunidad, un agente de la Comisaría 6ª fue acusado de haber aprovechado su función para entregar una bolsa con 58 pastillas de alprazolam a un interno de nacionalidad colombiana alojado en una celda. La acusación incluía los delitos de entrega para la venta de sustancias medicinales sin autorización e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, cuando comenzó el debate oral ante un tribunal integrado por la jueza Ana Carina Farías y los magistrados Federico Bothamley y Cristina Giordano —esta última de manera virtual—, surgió un dato inesperado: las pastillas secuestradas ya no existían. Según se informó durante la audiencia, el material había desaparecido en el marco de un operativo de limpieza realizado en los depósitos judiciales.

Ante ese escenario, Camuña sostuvo que no existían las condiciones mínimas para mantener la acusación. Durante su alegato afirmó que el Estado había perdido definitivamente la posibilidad de disponer de evidencia incorporada a una causa penal y advirtió que la desaparición del material impedía cualquier control, ampliación o reproducción futura de los estudios periciales realizados.

El episodio remite a una controvertida decisión adoptada tras el 11 de mayo, cuando se ordenó el vaciamiento de sectores del subsuelo del edificio judicial ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. De acuerdo con denuncias posteriores, durante el operativo se retiraron numerosas cajas que contenían elementos secuestrados en distintas causas, entre ellos drogas, armas, dinero y documentación.

La situación fue denunciada por el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla, quien aseguró haber advertido previamente sobre la existencia de pruebas correspondientes a expedientes en trámite. Según su presentación judicial, el procedimiento se desarrolló sin los controles adecuados y derivó en la pérdida de material de relevancia procesal.

Durante la audiencia, Camuña cuestionó con dureza la posibilidad de continuar el juicio apoyándose únicamente en pruebas indirectas. A su entender, la desaparición del secuestro afectó de manera irreversible las garantías del proceso y colocó a las partes en una situación de indefensión técnica.

El fiscal también apuntó contra la falta de información sobre el destino final de los elementos retirados. Señaló que aún no existen precisiones acerca de qué pruebas fueron destruidas, cuándo ocurrió ni bajo qué procedimiento se realizó. Además, advirtió que decisiones de esa naturaleza, adoptadas sin publicidad ni control, lesionan principios esenciales del Estado de Derecho.

Otro de los puntos más sensibles planteados por el representante del Ministerio Público fue que la orden del operativo había emanado del propio tribunal que luego debía analizar las consecuencias de lo ocurrido. Por ese motivo promovió una recusación para que jueces ajenos al caso evaluaran el impacto de la pérdida de evidencia, aunque el planteo fue rechazado.

La preocupación en el ámbito judicial va más allá de este expediente. En distintas fiscalías existe incertidumbre respecto del destino de otras pruebas almacenadas en el edificio, incluyendo estupefacientes, armas y documentación vinculada a investigaciones de alto impacto, como la denominada "causa Ale" y procesos por delitos de lesa humanidad.

Finalmente, ante la imposibilidad de sostener la acusación, el imputado fue sobreseído. No obstante, el tribunal hizo lugar al pedido de remitir todas las actuaciones a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación para que ambos organismos evalúen si existieron irregularidades o responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

De esta manera, un juicio que debía esclarecer un presunto delito cometido hace más de una década terminó convertido en el símbolo de una controversia mucho mayor: la pérdida de pruebas judiciales bajo custodia del Estado y las consecuencias que ello puede tener para la administración de justicia.