En medio de la crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros en Tucumán, la comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino emitió dictamen favorable para autorizar una suba del 36% en el boleto de colectivo, que pasaría de $1.250 a $1.700. Sin embargo, más allá de la actualización tarifaria, desde el oficialismo reconocieron que el esquema actual "no es rentable" y plantearon la necesidad de avanzar en una reforma integral del servicio.
El despacho fue firmado este miércoles por los concejales oficialistas José María Franco, Eduardo Molina y Hugo Andina Lizárraga, mientras que la oposición, integrada por Alfredo Terán, Ana González y Carlos Ale, presentó un dictamen en rechazo. El tema será tratado este jueves en sesión y promete un áspero debate.
El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, explicó que el incremento fue producto de "mucho trabajo y mucha discusión" y confirmó que se acordó "un 35% de aumento para el transporte público en colectivos", lo que llevará la tarifa a los $1.700.
No obstante, el edil admitió que el estudio de costos presentado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que pretendía un boleto a $ 2.400, no convenció al cuerpo. "La información no es certera dentro de lo que es el estudio de costos de AETAT, por lo menos a lo que es nuestra decisión y análisis. Entiendo que AETAT considera que está bien, pero nosotros no podemos aseverar esto", sostuvo.
Ante esa situación, explicó que los concejales tomaron como referencia la inflación general, el aumento de combustibles, repuestos, cubiertas y las negociaciones salariales del sector. "Toda esa discusión y todo ese análisis tienen que ver con la demora", indicó.
Suba de taxis
En paralelo, la comisión también emitió dictamen favorable para actualizar las tarifas del servicio de taxis nucleados en el Sutrappa. Según precisó Franco, se acordó un incremento del 33%, con lo que la bajada de bandera pasaría a costar $1.200 y la ficha cada 100 metros se fijaría en $120.
El edil aclaró que la medida alcanza únicamente a la modalidad taxi y no a los vehículos particulares que operan mediante aplicaciones, como Uber, DiDi o Cabify. "El municipio tiene potestad sobre la definición del precio de la bajada de bandera y de la ficha cada 100 metros en la modalidad taxi. Entendemos que las aplicaciones también usan de base esto, pero eso ya es una decisión empresarial de cada una de las plataformas", explicó.
Una crisis profunda
Sin embargo, Franco reveló que detrás del debate tarifario para el transporte de ómnibus existe una discusión más profunda vinculada al futuro del sistema. "Parte de lo que se planteó en la comisión tiene que ver con el futuro del transporte público de pasajeros", afirmó.
En ese sentido, señaló que los datos aportados por el Departamento Ejecutivo muestran un escenario crítico para las empresas. "Según los datos que nos dio el Ejecutivo municipal, las empresas están trabajando en una situación de quebranto, al tener más de un 50% de baja en la cantidad de pasajeros comparado con el año pasado", aseguró.
El concejal atribuyó esa caída a un cambio en los hábitos de movilidad de los usuarios. "Hay muchos vecinos que dejaron de usar el colectivo y hoy se están transportando a través de las aplicaciones y otros medios que facilitan esas plataformas", expresó.
A partir de ese diagnóstico, Franco fue contundente al cuestionar el modelo vigente. "Un sistema de transporte que tiene estipulada una frecuencia de siete minutos entre coche y coche es algo que no es viable en nuestra ciudad. El transporte planteado en los años 60 del siglo pasado ya no responde a la realidad actual", remarcó.
Además, sostuvo que una eventual licitación de nuevas líneas no resolvería por sí sola los problemas estructurales. "De nada sirve una licitación si no hay un cambio del sistema, porque el sistema no funciona y no es rentable. Por más que venga el mejor empresario de Europa, no va a ser rentable", advirtió.
Franco reveló que desde el Concejo le plantearon a la gestión de la intendenta Rossana Chahla avanzar con una transformación antes de finalizar el año. "Nos pusimos como objetivo y le solicitamos al Departamento Ejecutivo que el cambio lo tratemos de hacer antes de fin de año. Dios quiera que podamos llevarlo adelante porque sería un cambio histórico para San Miguel de Tucumán", afirmó.
Por lo pronto, con un sistema que atraviesa una crisis sin salida a la vista y que hasta ahora se viene enfrentando gracias a millonarios subsidios mensuales que paga el Estado provincial, miles de usuarios deberán afrontar un nuevo golpe al bolsillo.
