A 70 años de la masacre de José León Suárez, este miércoles comenzará un juicio para esclarecer los fusilamientos clandestinos a doce personas, detenidas supuestamente por apoyar un levantamiento contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y a favor del regreso de Juan Domingo Perón. Si bien no habrá condenas a los culpables por estar fallecidos, los familiares de las víctimas intentarán que la Justicia declare responsable al Estado por las cinco muertes que dejó la matanza, investigada por el célebre periodista Rodolfo Walsh en su icónico libro Operación Masacre, publicado en 1957.
"Hay un fusilado que vive", fue la frase que motivó a Walsh a investigar los fusilamientos de 1956 que recién este miércoles comenzarán a ser juzgados por la Justicia federal. Fue el sábado 9 de junio de aquel año cuando un grupo de hombres se reunió en una casa de Florida, algunos para escuchar una pelea de boxeo y otros para querer oír la noticia de un levantamiento armado liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra el gobierno de facto de Aramburu. A la espera de la rebelión, efectivos de la Policía bonaerense irrumpieron en la casa y se llevaron a todos arrestados.
"¡A esos detenidos de San Martín, que los lleven a un descampado y los fusilen!", dijo el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez, quien había participado de la requisa en la casa de Florida, según sumarios policiales. Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso murieron baleados a la madrugada por la policía en un basural que se encontraba entonces en Camino de Cintura y 9 de Julio, José León Suárez. Entre los siete que lograron sobrevivir, algunos gravemente heridos, se encontraba Juan Carlos Livraga, el fusilado que vivió para contarle a Walsh lo que ahora deberá investigar la Justicia.
"Están todos muy movilizados. Declarar después de tanto tiempo... eran muy chicos. Tienen setenta y pico de años cada uno. Habrá un equipo de psicólogos que los está acompañando", dijo a El Destape el abogado Alberto Palacios, representante de la querella. El letrado detalló que la denuncia por el caso ingresó en la Justicia en 2022 y que se tardó cuatro años entre la instrucción y la elevación a juicio. "Para una causa de lesa humanidad de estas características, es un recorrido aceptable", deslizó.
Durante este miércoles, jueves y viernes, familiares de las doce víctimas del hecho denunciarán al Estado por su responsabilidad, en un juicio que lleva adelante el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. "Vivieron torturas y consecuencias dramáticas. Estos días van a ir declarando familiares que fueron tomando conocimiento de la causa y sumarán su testimonio", agregó el abogado. En concreto, serán entre 17 y 18 testigos, entre familiares e investigadores que aportarán información y documentación para que este mismo viernes se llegue a un veredicto.
"Que los asesinatos sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad a 70 años de lo ocurrido, para nosotros es un logro muy importante. Porque sirve para que los jóvenes sepan la verdad de lo que pasó", dijo Alicia Rodríguez, hija del asesinado Vicente Rodríguez, en una reciente entrevista a Tiempo Argentino. Tenía 10 años cuando sucedió todo y ahora, con 80, destaca la importancia de un juicio que dé luz sobre el caso, pese las siete décadas de demora. "Pienso que así se construye la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que otras familias no tengan que vivir tanta crueldad que nos tocó vivir a nosotros", señaló.
El antecedente del juicio de la masacre de Napalpí
En 2022, el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Chaco, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, falló sobre una masacre ocurrida en julio de 1924, casi 100 años antes. Este caso, en el que fallecieron cerca de 500 personas pertenecientes a comunidades Qom y Moqoit, había sido ocultado por el Estado hasta que finalmente se expidió la Justicia. En concreto, se calificó como crímenes de lesa humanidad todos los asesinatos, que ocurrieron tras protestas en rechazo a la violencia y explotación que sufrían los indígenas en campos algodoneros.
Al igual que en los fusilamientos que comenzarán a investigarse este miércoles, en el de Napalpí no hubo imputados con vida a quienes juzgar. Sin embargo, la Justicia reconoció la responsabilidad del Estado y sentó precedente para otros casos como el de José León Suárez.
